La adopción masiva de criptomonedas trae consigo nuevas oportunidades de inversión, pero también grandes riesgos de fraude. En este artículo exploraremos el panorama actual, los tipos de estafas más frecuentes y estrategias claras para proteger tu capital.
Durante el primer semestre de 2025, los inversores perdieron más de 2.470 millones de dólares en estafas y hackeos relacionados con criptomonedas, superando el total de todo 2024. Dos incidentes clave —el robo a Bybit y la explotación de Cetus— sumaron 1.780 millones de dólares.
Además, en septiembre de 2025 se registraron 25,4 millones de dólares en estafas cripto, un aumento notable respecto a los meses previos.
Los principales vectores de ataque fueron:
Las redes más afectadas incluyen Ethereum (1.500 millones de dólares robados en 164 incidentes) y Bitcoin (373 millones en 10 incidentes).
Los defraudadores emplean diversas tácticas para engañar tanto a inversores novatos como experimentados:
Phishing: Crean sitios web y mensajes idénticos a los de exchanges o wallets para robar credenciales y claves privadas.
Compromiso de wallets: Aprovechan fallos de seguridad, ingeniería social o reutilización de contraseñas para acceder a monederos.
Rug pulls y proyectos fraudulentos: Desaparecen tras recibir inversiones iniciales prometiendo altos rendimientos.
Ingeniería social y esquemas Ponzi: Ofrecen retornos garantizados, ICOs falsas o clonación de aplicaciones oficiales.
Deepfakes en redes sociales: Suplantan la identidad de influencers y empresas cripto para inducir confianza.
La regulación se ha endurecido con el fin de proteger al inversor y aumentar la transparencia:
La normativa MiCA entrará en plena aplicación el 30 de diciembre de 2025. Solo podrán operar proveedores autorizados por la CNMV u otras autoridades europeas, exigiendo protocolos de protección al inversor y publicaciones de libros blancos informativos.
En España, la fiscalidad de criptomonedas exige reportar inversiones y posesiones fuera del país, con sanciones elevadas para quienes no cumplan. Además, la directiva DAC8 amplía las obligaciones de información antes de fin de 2025.
A nivel internacional, EE. UU. ha aprobado la GENIUS Act, que establece reservas 1:1 para stablecoins, y la CLARITY Act, que define el estatus legal de los criptoactivos. La Ley Anti-CBDC prohíbe monedas digitales de banco central en territorio estadounidense.
En caso de dudas o sospechas de fraude, consulta las siguientes entidades y herramientas:
Se espera que, a partir de 2026, las regulaciones más estrictas del paquete MiCA y las directivas internacionales aumenten la protección del inversor. Sin embargo, los estafadores continúan adaptando sus métodos, incorporando IA para personalizar ataques y deepfakes cada vez más convincentes.
Por ello, la educación y vigilancia constante son imprescindibles para mitigar riesgos y aprovechar las criptomonedas de manera segura.
Referencias
